Uno de los elementos característicos de proceso político andino, en lo que se refiere a la consolidación y estabilización de la democracia, es el interés de renovar las cartas constitucionales de cada país. Colombia y Perú tienen constituciones nuevas. Bolivia terminó el proceso de reformas constitucionales en agosto de 1994. Por su parte, durante el año 1994 en Ecuador y Venezuela, se dió inicio, en un caso, y reactivó, en otro, sendos procesos de reforma. Finalmente en el caso de Chile se está procesando un debate político sobre la necesidad de reformar la Constitución de 1980, que la opinión pública de ese país considera excecivamente condicionada por disposiciones que introdujo el general Pinochet y que se traducen en un peso excesivo para las Fuerzas Armadas. En síntesis, la mayoría, si no todos, de los países de la región ingresarían al siglo XXI con constituciones nuevas o reformadas, todas ellas en el curso de la presente década. Uno de los temas, de especial importancia en la agenda de reformas de los países andinos, está referido a la introducción e implementación de los Tribunales Constitucionales, así como una necesaria reflexión sobre el rol que deben desempeñar estas instituciones de control en las democracias de nuestros países