La tutela de los drechos de los ciudadanos por los perjuicios que pueda ocasionarles la actuación del Poder Judicial ha sido hasta ahora muy poco considerada, no ya en la práctica, sino incluso en el plano teórico. En nuestra legislación era tradicional la declaración de que los jueces y magistrados son responsables, pero en su aspecto civil tal declaración no ha llegado al terreno de los hechos. El examen de la jurisprudencia del Tribunal Supremo durante los últimos cien años lo demuestra cumplidamente. El artículo 121 de la Constitución Española, al declarar la responsabilidad patrimonial del Estado-Juez, abre perspectivas nuevas a la tutel de los derechos de los ciudadanos. En esta obra se examinan los dos aspectos. El segundo más detalladamente, y con apoyo en las resoluciones inéditas del Ministerio de Justicia, por cuanto con él pueden suplirse las deficiencias prácticas del primero