Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario

La implementación de la política de seguridad democrática ha ocasionado la vulneración masiva, sistemática y permanente del derecho a la libertad. La guerra contra el terrorismo declarada por el gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez, ha provocado la generalización de las detenciones arbitrarias de personas. Entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004, más de seis millares de personas fueron privadas de la libertad porque las autoridades administrativas o judiciales consideraron que eran responsables de delitos asociados con la pertenencia a grupos guerrilleros o prácticas terroristas. En ningún caso, su detención se ajustó a lo establecido en los instrumentos de derechos humanos ni a lo dispuesto en la Constitución y la ley colombianas: fueron privadas de la libertad con base en la mera sospecha, en señalamientos de informantes o reinsertados y en informes de inteligencia; fueron privadas de la libertad mediante la utilización de procedimientos ilegales; no fueron investigadas autónoma, independiente e imparcialmente; y las garantías procesales a que tenían derecho fueron abiertamente desconocidas