Este documento sobre política integral de DDHH y DIH, recoge todo el trabajo que hace la fuerza pública para dar atención a grupos especiales, desde las comunidades indígenas y afro colombianas hasta las víctimas del actual proceso de justicia y paz, pasando por la población desplazada, los niños y niñas víctimas de la violencia y los sindicalistas y defensores de DDHH, entre otros. No pocos recursos de las Fuerzas Militares y de la Policia Nacional están dedicados al cumplimiento de estas obligaciones constitucionales. Esta política integral establece también mecanismos de cooperación con otras entidades que, como la Fiscalía y la Procuraduría, adquieren aún más relevancia en el escenario de la consolidación