La complejidad del sistema criminal, sumada a la evidencia empírica de una lata demanda de asistencia y representación judicial especializada en la materia, reclamaban la formación sistémica de la función pública de defensa penal. Un sistema que, como lo ha hecho la Ley 941 de 2005, integre las dependencias de la Defensoría del Pueblo con las personerías municipales, las universidades con sus consultorios jurídicos y judicantes, las asociaciones dedicadas científicamente a la investigación criminal y a los abogados particulares, alrededor de los objetivos de la defensa pública