Incluye bibliografía p. 247-267

El presente estudio pretende determinar si, y en qué medida, la ejecución del procedimiento especial de la Ley 975 de 2005 (denominada de "justicia y paz") cumple con las exigencias jurídico-penales derivadas del llamado test de complementariedad del artículo 17 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Específicamente se intenta identificar cuáles son las limitaciones, tanto del procedimiento de la Ley 975, como del desenvolvimiento del aparato judicial, en la determinación de la responsabilidad penal de los "desmovilizados-postulados". Así, se podrá establecer cómo las deficiencias procesales afectarían el derecho a un recurso judicial efectivo, deduciéndose los elementos que permitan determinar la viabilidad de una posible intervención complementaria de la Corte Penal Internacional de acuerdo con el artículo 17 de su Estatuto