Reconocer al niño o niña como sujeto pleno de derecho es permitir que el niño sea niño, es admitir que sea un fin en sí mismo, es decir, un sujeto de la justicia. Aquí radica el principio, el derecho, la garantía de la igualdad, la prevalencia de los derechos del niño y el interés superior. Corresponde así, a la familia, la sociedad y el Estado la obligación de asistir y proteger al niño o niña para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, no solo como un mandato constitucional sino como el compromiso que tenemos frente a ellos de que sus derechos prevalecen sobre los demás. Esta propuesta se estructura con una adecuada coordinación en todos los niveles administrativos y territoriales para armonizar esfuerzos, desarrollar políticas, optimizar recursos y concertar entre el Estado y la sociedad civil la gestión de acciones dirigidas a la prevención y atención del maltarto y el abuso sexual